Catalina Pérez, exdiputada del Frente Amplio y exvicepresidenta de la Cámara de Diputados, enfrenta su momento judicial más complejo tras la acusación formal presentada por la Fiscalía.
El ente persecutor pidió una condena de 10 años y 1 día de presidio por tres delitos de fraude al fisco vinculados al caso Democracia Viva, además de multas e inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos y funciones relacionadas con el Estado.
La acción también apunta a su círculo cercano, integrado por Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica, quienes habrían participado en la trama de convenios con el Serviu de Antofagasta. Andrade, expareja de Pérez y exdirector de la Fundación Democracia Viva, fue señalado como beneficiario de millonarios recursos públicos destinados supuestamente a programas habitacionales en campamentos, pero que hoy están bajo la lupa judicial.
Pérez se encuentra en arresto domiciliario total y con arraigo nacional desde mayo de 2025, tras ser desaforada por la Corte Suprema. Su caída marca un duro golpe político para el Frente Amplio, considerando que fue electa en 2019 como presidenta de Revolución Democrática y llegó a ocupar la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados.