Este lunes se inició la formalización de la exintendenta Lucía Pinto, el exadministrador regional José Cáceres y un grupo de empresarios, por el llamado caso “Papaya Gate”, que consistió en la compra de terrenos por parte del Gobierno Regional con lo que sería un evidente sobreprecio.
La primera jornada de audiencia consistió en extensas exposiciones de parte de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado como querellantes.
Dentro de los antecedentes se pudo evidenciar que durante el año 2019 los imputados realizaron un negocio a sabiendas de que era ilegal. Existían tasaciones por cerca de 4 mil millones de pesos, cuando finalmente se pagó casi $10 mil millones por una serie de lotes en el sector oriente de La Serena, donde se construiría un proyecto deportivo.
Para los acusadores existe un actuar delictivo, principalmente de las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera, que ocasionaron un perjuicio en los fondos públicos y no actuaron en favor del bien común como correspondía a su cargo.
Para el senador por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, querellante del caso, “los antecedentes que ha entregado el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía ponen en evidencia la responsabilidad que tiene en este fraude la exintendenta del Gobierno de Sebastián Piñera Lucía Pinto y su administrador regional José Cáceres. Ellos hicieron esta compra de terrenos con sobreprecio, son más de 3 mil millones de pesos que se pagaron demás, y también esconder la compra misma de la fiscalización que ejerce la Contraloría”.
El parlamentario agregó que “este es un caso de corrupción emblemático y contra la corrupción hay que ser implacable, por eso yo apoyo la solicitud que está haciendo el Consejo de Defensa del Estado, para que tanto Lucía Pinto (José) Cáceres y (Pablo) Bracchitta, los acusados de fraude al fisco vayan a prisión preventiva. No más corrupción en la región de Coquimbo”.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado Javier Rojas, en tanto, destacó que “los imputados por fraude al fisco constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad por la pena probable, que es de presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años y un día. Y el código procesal penal da una orientación que a partir de esa pena efectivamente puede proceder la prisión preventiva”.
Respecto a los antecedentes expuestos, el litigante señaló que “nuestra teoría del caso es que siempre hubo la determinación de pagar un sobreprecio a razón de que los imputados sabían que ese precio era mucho menor al que en definitiva se pagó. El año 2019 existían tasaciones que daban cuenta de que el precio por el total del inmueble no excedía los 4 mil millones de pesos, siendo que en definitiva se pagaron casi los 10 mil millones”.
Finalmente, este martes se conocerá si el Juzgado de Garantía de La Serena acoge la solicitud de cárcel para las exautoridades de Piñera en la región luego de casi 5 años tras conocerse este emblemático caso de corrupción considerado el más grande en la historia local.